Legislar para enfrentar la violencia en las aulas

Autor: Dr. Luis Antonio Lucio
El pasado 4 de julio, cuando concluyó el periodo escolar, la historia académica del Estado de Nuevo León registró el suicidio de tres estudiantes de escuela primaria.
Dos de ellos estudiaban en escuelas de Ciudad Guadalupe y uno en un plantel del Municipio de Monterrey.
La muerte de estos pequeños sólo conmovió a sus familias, porque no hubo nadie en la sociedad que levantara su voz exigiendo que se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder.
En España, el suicidio de Jokin C., alumno de una secundaria del poblado de Hondarribia en el país vasco, conmovió tanto a la sociedad, que el sistema educativo fue sacudido para que hicieran investigaciones y se diseñaran programas para mejorar la convivencia escolar.
Y aún así, la violencia sigue.
En México, dice la investigadora María Teresa Prieto, la violencia en las aulas es un tabú.
Y es cierto, pues los directores de los centros educativos, miran para un lado cuando les gana la ansiedad y cambian de tema, cuando hablamos de la violencia que acontece en sus aulas.
Nosotros mismos, a veces nos cansamos de predicar en el desierto, y quisiéramos voltear también la vista a otro lado y hacer como que nada ocurre, pero eso no es verdad ni creemos que sea el camino correcto.
Quienes estudiamos la violencia en las aulas jamás iremos por ese camino, porque sabemos del enorme sufrimiento que pasan los alumnos cuando son víctimas de acoso en intimidación en su escuela.
La violencia en las aulas es tal que el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa encuestó a poco más de 39 mil estudiantes y encontró que 17 de cada 100 alumnos de escuela primaria y 14 de cada 100 estudiantes de escuela secundaria, son lastimados físicamente por sus compañeros durante el período escolar.
Los estudios que he realizado en escuelas preparatorias demuestran que cinco de cada 100 alumnos del Nivel Medio Superior, son golpeados por sus compañeros de escuela cada semestre.
La Universidad mexicana, por tanto, debe encarar la violencia en las aulas, y el sistema educativo encargado de gestionar la educación básica, debe tomar el mismo camino.
Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública en México, insertó un discurso en el Plan Sectorial Educativo 2007-2012, donde demanda enfáticamente encarar el problema de la drogadicción y la violencia en la escuela.
Es, a pesar de las voces que le dan la contra, una mujer que reconoce las realidades que enfrenta el sistema educativo.
Y las llama fríamente por su nombre, porque nadie puede negar que no haya drogas, armas y violencia en los salones de clases, ya sea de escuelas públicas o privadas.
Precisamente el objetivo 6 del Plan Sectorial demanda a los actores de la educación promover la seguridad de los alumnos y los profesores, y es en el objetivo 4, donde pide fortalecer la convivencia democrática y cultural en las escuelas.

La meta es que para el 2012 por lo menos el 30 por ciento de las escuelas primarias y secundarias –unos 36 mil planteles- esté incorporado al programa de Escuela Segura. Hoy los centros educativos que participan son pocos a nivel nacional.
Lamentablemente este programa está dedicado a enfrentar el narcotráfico y deja de lado los problemas de convivencia.
Enfrentar la violencia en las aulas es tarea de todos, y son los legisladores, quienes más se han mantenido al margen de este fenómeno.
Por eso proponemos que la Cámara de Diputados legisle para enfrentar la violencia escolar, reconociendo a los alumnos el derecho a una vida sin violencia en las aulas.
Es decir, se debe otorgar al alumnado y a la planta docente el Derecho a la Paz en las escuelas. Esto permitiría la generalización nacional de reglamentos con los que se pueda sancionar a toda persona de los estamentos del sistema educativo, que maltrate a cualquier alumno, profesor o administrativo en las escuelas.
La propuesta va en el sentido de que los alumnos sean protegidos por la Ley en el interior de la escuela, pero también en su desplazamiento de la escuela a su hogar y de su hogar a la escuela, por cualquier medio de transporte.
Y es que, de acuerdo a mis estudios, un 14 por ciento de los alumnos son maltratados cuando salen de la escuela por sus mismos compañeros, quienes amenazan en el salón de clases y ejecutan a la salida.
Y estas agresiones son cuando caminan a su casa, en el transporte escolar, en el metro, en camión y hasta algunos carros de alumnos han sido apedreados.
Esto ocurre porque la escuela no se hace responsable de lo que ocurre afuera de sus instalaciones y porque los cuerpos de seguridad pocas veces vigilan los centros escolares a la hora de acceso o salida.
Lo que propongo no es nada nuevo, en Nueva Jersey la senadora Bárbara Buono, presentó una propuesta de ley presentó una ley que tendrá consecuencias para los agresores –bullies o matones de patio- que atenten contra sus compañeros en las escuelas, cercanías, autobuses escolares y paradas del autobús escolar.
En España el Real Decreto 732/195 establece derechos y deberes a los alumnos, con una serie de normas cuyo objetivo es regular la convivencia escolar.
En su artículo 17 establece que todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral, y su dignidad personal, por lo que no pueden ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
El Real Decreto establece sanciones para los alumnos agresores y brinda protección contra ataques que reciban los estudiantes fuera de la escuela, siempre y cuando tengan su origen en el centro educativo.
El artículo 45 considera agravante la premeditación, la repetición de los actos, así como causar daño o injuria menores de edad o a alumnos de reciente incorporación en el aula.

Una propuesta en este sentido envié a la Cámara de Diputados. Te invito a consultarla en el sitio: www.diputados.gob.mx/cedia/sia/redipal/CVI-01-08.pdf